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Conflicto en Puno: ¿”tufillo político”?

In conflcito medioambiental, Coyuntura Nacional, Puno, Uncategorized on junio 4, 2011 at 12:51 am
Movilización de pueblos aymaras y quechuas

Movilización de los pobladores en Puno en defensa del medio ambiente (imagen de http://www.radiolibertad.com.pe)

Por: Rosa Corimanya y Lorenzo Ruiz de la Vega

Tambo Grande, Tía María, Majaz y, ahora, Puno se suma a la lista de conflictos socioambientales, y el estado sigue sin demostrar apertura al diálogo con los pueblos afectados que reclaman la protección de la biodiversidad que está siendo degradada. En el Perú, según la Defensoría del Pueblo, ha estallado más de 270 conflictos sociales  y aun no se aprueba la ley de consulta, un principio básico que reclaman los pueblos para tener poder de negociación con las empresas y decisión sobre su territorio.

 La reacción frente al proyecto Minero Santa Ana, en el distrito de Huacullani (provincia de Chucuito), en el extremo sur de la región de Puno, corresponde a un problema que se viene discutiendo hace más de un año, según informa la ex defensora del Pueblo Beatriz Merino. Los pobladores propusieron sus demandas al gobierno regional pidiendo que declarara la región sur como “zona libre de minería”. Las demandas no fueron atendidas, por ello estalló una movilización masiva de campesinos aymaras y quechuas.

  ¿Cómo debiera actuar el gobierno central frente a las demandas? Maria Isabel Remy, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), sostiene que “es el momento que el Congreso apruebe la ley de consulta a las poblaciones indígenas (y campesinas)”, porque es necesario que las comunidades se empoderen y tomen decisiones sobre el futuro de su propia comunidad. Además, propone que el gobierno tendría que iniciar el proceso de legislación sobre “licencia social”, es decir, la obligación de las industrias extractivas de consultar con las poblaciones potencialmente afectadas.

 Según propone el “Perro del Hortelano” (artículo de Alan García), el Estado debe facilitar el camino para el ingreso de la empresas extractoras porque “…existe (mucha riqueza) que no está puesta en valor”. En ese sentido,  a lo largo de esto cinco años, se ha venido eliminando las restricciones como la evaluación del impacto ambiental que todas las empresas deberían presentar antes de iniciar la explotación, incluso, tal como afirma María Isabel Remy “el Gobierno ha restringido enormemente la participación de los pueblos en el presupuesto participativo.

 En defensa de la teoría del perro del hortelano, la actuación del gobierno frente a conflictos socioambiental ha sido mediante la represión que ha desembocado en la muerte de campesinos en Tía María en Arequipa, en Bagua y pérdida de la infraestructura en Puno ¿Quién responde ante muertes y enfermedades generadas por la contaminación del agua y los cultivos?

Por eso, los pueblos aymaras y quechuas del altiplano salieron a levantar su voz de desacuerdo, ya que las concesiones mineras en Puno, según INGEMMET, pasaron de 433,321 hectáreas el año 2002 a 1’643,746 en 2010. Un aumento que equivale al 279% que para el señor presidente significa que el “Perú avanza”.

 Los medios de comunicación masiva juegan un papel fundamental para presentar el problema desde el lugar de los hechos, enfocando desde diferentes perspectivas, entrevistando a los pobladores perjudicados por las empresas mineras; sin embargo, ninguno de los reporteros que estaban en el lugar ha tratado de analizar las implicancias que traería la contaminación ambiental. La presentadora de noticias Mónica Delta minimizó repetidas veces el hecho diciendo que los vándalos estaban incendiando locales. Rosa María Palacios solamente presentó las fotografías de los disturbios.

Urge la existencia de medios que, por ejemplo, al tocar el conflicto social y político de Puno, ingrese en la historia de las movilizaciones sociales que se ha dado  en dicha región; que discuta y haga pensar a la sociedad sobre la necesidad de establecer un lazo diferente entre el estado, la empresa extractora y las comunidades campesinas; que confronte dos visiones acerca del desarrollo: la del capitalismo y la de las comunidades quechuas y aymaras.

Las elecciones presidenciales que se está llevando a cabo en el Perú, justamente debe prestarse para cuestionar a los candidatos acerca del modelo de desarrollo que van a sostener durante los 5 años de su gobierno; además, es el momento de pensar en cambiar la actuación del estado que históricamente a favorecido a los poderes económicos, dejando de lado la necesidad de constituir instituciones de la sociedad civil para la construcción de la democracia.

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